La base de la resolución es clara. La orden nos exigía bloquear una lista de direcciones IP que supuestamente alojaban emisiones no autorizadas de LaLiga. Nuestros expertos demostraron al juzgado dos cosas. Primera: esas direcciones IP cambian constantemente (a menudo en cuestión de horas), por lo que las listas suministradas ya no se correspondían con las direcciones reales en el momento en que el bloqueo podía ejecutarse. Segunda: el tipo de bloqueo masivo a nivel de IP exigido habría dejado inaccesibles para usuarios en España y fuera de ella miles de sitios web completamente legítimos. El juez valoró nuestro informe frente al de LaLiga, apreció una controversia técnica genuina y dictaminó que las multas no estaban justificadas.
Es importante señalar que se trata de una resolución procesal en fase preliminar, no de una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. El procedimiento principal sigue su curso y continuaremos colaborando de buena fe con los tribunales españoles. Lo que esta resolución sí confirma es algo que dijimos abiertamente desde el primer día: las preocupaciones técnicas son reales y están acreditadas, y un juzgado español así lo ha reconocido.
La resolución tampoco llega de forma aislada. El argumento a favor de la proporcionalidad lleva tiempo ganando peso en Europa, y el contexto general ha cambiado de manera notable desde que se dictó la orden cautelar en febrero.
Dentro de España, las consecuencias del bloqueo indiscriminado de direcciones IP se han vuelto prácticamente imposibles de ignorar. Cloudflare, Vercel, GitHub, Docker y muchos otros servicios más pequeños han estado intermitentemente inaccesibles para usuarios españoles durante las ventanas de retransmisión de partidos; grupos de la sociedad civil, desarrolladores y pequeñas empresas han documentado estas interrupciones semana tras semana. El 29 de abril de 2026, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley (acordada entre el PSOE y ERC y respaldada por una mayoría parlamentaria) instando al Gobierno a reformar la Ley de Servicios Digitales para introducir un principio de proporcionalidad tecnológica e impedir que resoluciones judiciales habiliten este tipo de bloqueos indiscriminados. Cloudflare, por su parte, mantiene sus propios recursos ante los tribunales españoles alegando bloqueo excesivo.
Fuera de España, analistas de políticas públicas de la UE han comenzado a citar la experiencia española como ejemplo de advertencia, estableciendo comparaciones directas con el problemático sistema Piracy Shield de Italia. La cuestión de si los proveedores de servicios VPN, DNS y CDN deben ser reclutados forzosamente para el bloqueo a nivel de IP se debate ya con seriedad a escala europea, no solo como un asunto de derechos de autor, sino como una cuestión de gobernanza de internet.
Nuestra posición no ha cambiado. Proteger la propiedad intelectual es un objetivo legítimo, y los titulares de derechos tienen derecho a disponer de medidas eficaces. Sin embargo, los medios empleados para aplicar esas medidas deben ser proporcionados, técnicamente sólidos y respetuosos con todos quienes dependen de la misma infraestructura compartida. El bloqueo masivo de direcciones IP impuesto a proveedores de VPN falla en cada uno de esos criterios. No detiene a los infractores decididos (que se adaptan en cuestión de minutos) e impone costes reales a usuarios, empresas y servicios legítimos que no tienen relación alguna con la disputa subyacente.
Agradecemos al Juzgado de Córdoba que haya examinado la prueba técnica con rigor. Es el estándar que hemos reclamado desde el principio, y es el estándar que el debate más amplio en España y en toda Europa está empezando a exigir también.
